En Quintana Roo hay cuando menos 389 asentamientos irregulares desde hace muchos años, como consecuencia del alto crecimiento demográfico del Estado y las dificultades para adquirir una vivienda, señaló la Secretaría de Desarrollo Territorial Urbano Sustentable (Sedetus).
Por ello, mantienen diálogo con los pobladores para tratar de regularizar los predios y convertirlos en zonas urbanas normales.
De acuerdo con la información del organismo, en la Entidad, la mayoría de los predios irregulares son invadidos por personas que buscan lugares para vivir, pero carecen de oportunidades directas por la falta de crédito o altos costos que predominan en los principales polos turísticos del Estado.
Por ello optan por seguir a personas que lideran las invasiones, con las promesas de regularizarlas en el futuro, lo cual ha funcionado en varias colonias; sin embargo, en otras, las deficiencias en los servicios son notables, sumado a que los Gobiernos municipales se dicen “atados de manos” para no invertir en esos asentamientos.
La Sedetus informó que hasta el momento hay 389 colonias irregulares en Quintana Roo, aunque ya en proceso de regularizarse. En el tema trabajan varias autoridades; sin embargo, para que esto ocurra, debe cumplirse una serie de requisitos que les permitan obtener los servicios básicos.
Según el reporte, en el municipio de Tulum existen seis asentamientos irregulares; en Solidaridad son 29; en Puerto Morelos son siete; en el municipio de Othón P. Blanco hay 40; en José María Morelos hay solamente uno; en Isla Mujeres se han contabilizado 85; en Felipe Carrillo Puerto son tres y en Cozumel uno.
Benito Juárez es el municipio que más asentamientos irregulares tiene, con 213; y el municipio de Bacalar tiene cuatro, mientras que en la demarcación de Lázaro Cárdenas, no se ha detectado ninguno hasta la fecha.
De igual manera se informó que entre los tres órdenes de Gobierno se trabaja en la búsqueda de dar solución y certeza a las familias que habitan estos asentamientos irregulares, convocando a reuniones entre los representantes de éstos, familias residentes y las autoridades involucradas para llegar a los acuerdos necesarios que permitan regularizar los predios.
Esto se realiza de manera regular en todos y cada uno de los municipios, hasta lograr los acuerdos necesarios para los trámites correspondientes.